A poco de conmemorarse el 9 de agosto como Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales, surgen denuncias de violación y prevaricato contra jueces por supuesto favorecimiento a agresores.
La violencia sexual contra menores de edad es una problemática de relevancia en todos los departamentos de Bolivia, pero en el Chaco tarijeño se asocia también a deficiencias en el trabajo del Órgano Judicial y sus operadores, además de la consiguiente impunidad para los autores.
Estas situaciones provocan una molestia generalizada en la población de estos municipios, al punto de que en los últimos días una turba estuvo a punto de linchar a un militar sospechoso de violar a una niña de 14 años. Al no hallar respuestas en el sistema formal, resuena la idea de “justicia por mano propia”.
Los datos de la Fiscalía General del Estado muestran que la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes subió en el último año un 17,1%. Si en los primeros siete meses del 2024 se registraron 70 casos, pero en 2025 antes de cerrar julio la cifra ya llegaba a 82.
A eso se suma que la directora del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), María Esther Valencia, apuntó que en los últimos meses los índices señalan que Yacuiba y Villa Montes están entre los tres primeros lugares en cuanto a índices de agresiones sexuales a menores en relación a su densidad poblacional, es decir dos de tres municipios de la Región Autónoma.
Una muestra de la indignación que provocan estos hechos ocurrió la última semana, cuando pobladores de Sanandita, Yacuiba, marcharon hacia instalaciones de la Escuela de Cóndores de Bolivia (Esconbol) en busca de un sargento primero de iniciales F.E.Z., denunciado por violar a una menor de 14 años que se quedó sola mientras sus papás salieron a trabajar.
La familia encabezó la movilización pidiendo la aprehensión del sindicado, quien se entregó sin prestar resistencia cuando llegó la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV). Sin embargo, a su salida las personas lo insultaron, golpearon y filmaron al sindicado para que se conozca su identidad.
En su audiencia cautelar, se le dio detención preventiva. Pero afuera se instaló una vigilia con la consigna de exigir justicia y al mismo tiempo denunciar que este tipo de hechos son recurrentes.
Prevaricato
En el municipio vecino de Villa Montes esta misma semana otro caso avivó la indignación de la gente y apunta a que dos jueces que atendieron distintos procesos de violación a menores presuntamente beneficiaron a tres acusados cambiando la tipificación a estupro.
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, recordó que el delito de estupro puede ser penado con tres a seis años, mientras que la violación tiene de 15 a 20 años. De los acusados, dos recibieron la mínima de tres años que permite salidas alternativas a la reclusión y uno incluso fue absuelto. Ahí radicaría el favorecimiento porque significa que ninguno ingresó a la cárcel.
El caso por supuesto prevaricato volvió a la agenda recientemente, pero en realidad significó un arduo trabajo de las familias de las víctimas de violación que en noviembre pasado pidieron una audiencia con Gutiérrez para explicar cada caso por separado, más las gestiones de la Red Contra la Violencia que denunció las faltas de los jueces ante el Consejo de la Magistratura. Esta última instancia derivó un informe que permitió la apertura de un proceso penal.
Hace una semana la Fiscalía confirmó la imputación por prevaricato. El 25 iba a ser su audiencia, pero se suspendió hasta el 19 de agosto.
La activista Pamela Delgadillo de la Red Contra la Violencia anunció un seguimiento exhaustivo destacando que la movilización civil ponga “en el banquillo” a administradores de justicia.
Activan tareas de prevención y atención integral
Estos casos movilizaron a la población chaqueña poco antes de la llegada del 9 de agosto, declarado Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales, una fecha instaurada por Ley y que tiene el objetivo de sensibilizar a la sociedad civil sobre las graves implicaciones de estos delitos y fomentar políticas de prevención y atención integral con especial énfasis en la niñez y adolescencia.
Aunque en el Chaco hay una situación de mayor vulnerabilidad, los delitos de violencia sexual significan un riesgo para menores en todo el país. Un reporte oficial del Ministerio Público indica que 722 niños, niñas y adolescentes fueron objeto de este tipo de violencia en los cuatro primeros meses del 2025.
Fuente: El País
