El nuevo gobierno enfrentará su primera gran prueba, estabilizar la economía, reconstruir la institucionalidad judicial y dar señales claras de autonomía y transparencia.
Después de casi dos décadas de poder, este sábado marca el fin de la era del Movimiento al Socialismo (MAS). La presidencia será asumida por Rodrigo Paz Pereira, quien enfrenta desde el primer día el reto de conducir un país sumido en crisis económica, con una justicia desacreditada y con un modelo autonómico inconcluso. Bolivia inicia un nuevo ciclo político, pero lo hace en medio de profundas heridas institucionales.
Un país en crisis: los desafíos económicos
El analista económico Fernando Romero advierte que el nuevo gobierno deberá enfrentar, de entrada, un “dragón de tres cabezas”: inflación, escasez de carburantes y falta de dólares. Según el experto, las primeras medidas en política económica serán determinantes para estabilizar el país y evitar que la recesión se convierta en crisis estructural.
Romero sostiene que Rodrigo Paz recibe una economía “duramente golpeada, desequilibrada y recesiva”, con indicadores que evidencian el deterioro del modelo económico vigente. Basado en datos oficiales y organismos internacionales, el diagnóstico no deja lugar a dudas:
- Crecimiento económico: el PIB cayó un -1,12% en 2024 y solo creció 2,4% en el primer semestre de 2025. Las proyecciones para 2026 son de apenas 0,9%, el nivel más bajo en la historia reciente.
- Déficit fiscal: el déficit del Sector Público No Financiero llegó al 10,2% del PIB en 2024 y podría bordear el 12% en 2025, sostenido por deuda y emisión monetaria.
- Deuda pública: asciende al 90% del PIB. El FMI estima que la deuda bruta del Gobierno General alcanzó el 98% del PIB en 2024.
- Inflación: la tasa interanual supera el 23%, con una acumulada del 18,3% a septiembre de 2025. Se proyecta un cierre anual de 22%, lo que ha erosionado gravemente el poder adquisitivo.
- Reservas Internacionales Netas (RIN): se redujeron en un 90% entre 2014 y 2024. En octubre de 2025 solo alcanzaban $us 3.226 millones, suficientes para cubrir 12 días de importación de combustibles.
- Reservas de oro: disminuyeron un 43%, de 42,5 a 24,1 toneladas, debido a operaciones de monetización para cubrir gasto corriente.
- Empleo e informalidad: la tasa de desocupación urbana es del 2,85%, pero la informalidad llega al 80%, reflejando la precariedad del empleo.
- Pobreza: afecta al 40,1% de la población, mientras el 70% tiene Necesidades Básicas Insatisfechas. Se prevé un incremento de la pobreza moderada a fin de año.
- Comercio exterior: la balanza comercial es deficitaria desde 2023, con un saldo negativo de $us 551 millones a septiembre de 2025. El 69% de las exportaciones aún depende de materias primas.
- Inversión Extranjera Directa (IED): Bolivia captó solo el 0,1% de la IED regional en 2024 ($us 247 millones), siendo el segundo país más riesgoso para invertir después de Venezuela.
- Hidrocarburos: la producción de gas natural cayó 53% entre 2014 y 2025, mientras sus exportaciones se redujeron 73%, afectando el ingreso de divisas.
- Inversión pública: su ejecución fue apenas del 50% en 2024 y del 18,9% en el primer semestre de 2025, evidenciando parálisis administrativa.
Romero indica que, lo que deja el MAS es un modelo agotado, ya que se vivió una década del gas y se gastó todo sin diversificar la economía, y que ahora el gobierno de Paz asume en un contexto de urgencia, con un país que debe reinventarse.
La justicia en ruinas
El abogado y experto en derecho autonómico Esteban Ortuño afirma que Rodrigo Paz no hereda un clima de paz ni estabilidad institucional. Asegura, que la justicia es, sin duda, uno de los grandes males del país y que ha sido domesticada por el poder político y ha perdido toda credibilidad ante la ciudadanía.
Según Ortuño, el sistema judicial fue absorbido por el régimen anterior. “No es que antes no existiera injerencia, pero había límites institucionales. Hoy esos límites desaparecieron. La justicia se convirtió en un instrumento de persecución política”, subraya.
Como ejemplo, recuerda que en los años previos al MAS existía cierto equilibrio de poderes. “Evo Morales, cuando fue expulsado del Parlamento, volvió gracias a un fallo constitucional independiente. Eso hoy sería impensable”, reflexiona.
El experto advierte que el nuevo gobierno deberá demostrar su talante democrático evitando reproducir los mismos vicios. Afirmó que la gran prueba de Paz será mostrar que puede gobernar sin interferir en la justicia, y si no rompe ese ciclo, Bolivia no cambiará.
Para Ortuño, el cambio judicial debe comenzar de inmediato, con una nueva arquitectura institucional que garantice independencia, meritocracia y control social.
“Más que una reforma, lo que debe haber es un cambio de actitud institucional, porque por ejemplo, no creo que necesitemos una reforma constitucional, sino lo que hay que hacer es un cambio de actitud y tenemos los mecanismos legales para hacerlo, obviamente se necesitará la incorporación de nuevas leyes y derogación de otras, pero con la base que tenemos podemos ir estabilizando la situación institucional del Estado”, apuntó
Autonomía, la promesa pendiente
En el plano político-territorial, Ortuño recuerda que la autonomía fue una de las grandes promesas de la Constitución de 2009, pero quedaron truncas por el centralismo estatal.
Señala que el MAS intervino abiertamente los sistemas de planificación y economía regional y las gobernaciones y municipios quedaron subordinados al Ministerio de Economía.
Ahora, sostiene, el gobierno de Paz tiene el reto de reconstruir la autonomía desde la práctica, devolviendo competencias y recursos a los gobiernos subnacionales.
“Habrá que desmontar el esquema centralista con cuidado, de manera paulatina. Bolivia es como un paciente delicado, necesita cirugía, pero antes debe ser estabilizado”, grafica.
Una de las propuestas que genera expectativa es la política del “50/50”, impulsada por Paz durante su campaña, que plantea una nueva redistribución de los recursos fiscales entre el nivel central y los gobiernos subnacionales. “Es una idea interesante, pero habrá que ver cómo se implementa sin desfinanciar al Estado”, considera Ortuño.
Fuente: El País
