Las tres instituciones hacen un llamado al ‘Diálogo por el Bien Común’ entre el Gobierno y los sectores movilizados. Este lunes se denunciaron destrozos y saqueos en La Paz
Cuando se cumplen más de 10 días de protestas, principalmente en La Paz, la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb) convocan al Gobierno y a sectores movilizados a un diálogo conjunto. Esperan confirmación para fijar fecha y hora.
“Llamamos a un Diálogo por el Bien Común entre el Gobierno, la Central Obrera Boliviana, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias ‘Bartolina Sisa’ y la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz”, señala un comunicado difundido este lunes por la Defensoría.
En el comunicado, las tres instituciones expresan preocupación ante la escalada de conflictos en Bolivia, los hechos de violencia, las expresiones verbales ofensivas, así como la vulneración a los derechos humanos y las afectaciones a terceros.
“Esta situación que no debiera presentarse bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo entre los bolivianos”, señala el documento.
“Frente a la tozudez del conflicto llamamos a contraponer la claridad de la palabra; frente al descontrol de las pasiones vigorizar la fuerza del entendimiento; frente a la presencia de la violencia invocamos la fecundidad del diálogo”, concluye el comunicado.
Jornada de protestas
La jornada de protestas de este lunes en La Paz derivó en disturbios, saqueos y daños a instituciones públicas en distintos puntos del centro paceño. En inmediaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), manifestantes incendiaron una patrulla policial, mientras también se reportaron ataques y robo de documentación en oficinas del Tribunal Departamental de Justicia.
“Los hechos de violencia solo dañan a todos los ciudadanos y atentan contra la institucionalidad democrática del país”, señaló el Ministerio de Gobierno al denunciar que grupos de movilizados ingresaron por la fuerza a oficinas públicas de la calle Potosí para destruir y sustraer documentación y muebles.
En las imágenes difundidas por vecinos se observa a un grupo de personas sacar sillas y muebles, además de destrozar las puertas de ingreso de la institución pública.
Más tarde, personal policial logró recuperar algunos objetos, que fueron resguardados en la calle Socabaya.
Por otro lado, los enfrentamientos se concentraron en la calle Bolívar, donde la Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Vecinos denunciaron que grupos de movilizados intentaban ingresar a instalaciones de la FELCC luego de romper los vidrios e incendiar un vehículo policial.
Pasadas las 15.30, efectivos policiales lograron retomar el control y sofocaron el incendio del vehículo. Imágenes difundidas por vecinos muestran destrozos e inmuebles dañados en el centro paceño.
Otros daños se registraron en las estaciones Naranja de la avenida Armentia y Azul de Río Seco de Mi Teleférico. La empresa tuvo que suspender las operaciones de algunas líneas por razones de seguridad.
Ordenes de aprehensión
El Ministerio Público indicó una investigación penal y emitió órdenes de aprehensión contra cuatro dirigentes campesinos y vecinales, además del senador suplente Nilton Condori.
“De conformidad a lo previsto por el artículo 226 del Código de Procedimiento Penal, se emite la siguiente resolución fundamentada de aprehensión, conforme a los siguientes fundamentos de orden fáctico y normativo”, señala la resolución de la Fiscalía.
Los denunciados son el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), David Quispe Machaca; el dirigente del sector Puerto Acosta, Juan Héctor Huacani; el vicepresidente de las juntas vecinales de Bolivia, Justino Apaza Calizaya; el dirigente de los autoconvocados de El Alto, Winston Gemio Quispe, y el senador suplente Nilton Condori.
Son investigados por los supuestos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos.
Más temprano, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que se emitió una orden de aprehensión contra el dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, por los delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo.
De acuerdo a la resolución fundamentada de aprehensión, los sindicados instaron a los sectores que representan a bloquear las carreteras exigiendo al Gobierno que atienda el pliego petitorio de la COB.
Los aprehendidos
Más de 100 personas han sido aprehendidas este lunes en La Paz.
Durante las protestas se observó a personas utilizando explosivos y objetos contundentes contra los uniformados que trataban de dispersar a manifestantes usando gases lacrimógenos, fue durante esas protestas que se aprehendió a varias personas.
Tras la aprehensión de estas personas, entre los cuales estaban hombres y mujeres, fueron llevadas hasta dependencias de la FELCC con fines investigativos.
En un conteo rápido, fuentes policiales indicaron que eran aproximadamente 104 las personas que fueron aprehendidas en distintos sectores y que serán puestas a disposición de las autoridades correspondientes.
El pedido de Lara
Por su parte, el vicepresidente Edmand Lara se dirigió al presidente Rodrigo Paz en una carta abierta donde reiteró su pedido de un diálogo nacional.
“No voy a ser cómplice del silencio. Reitero mi pedido de convocar de manera inmediata a un diálogo nacional serio, amplio y sin condiciones, reconociendo los liderazgos que hoy representan a los sectores movilizados”, indica en su mensaje el mandatario.
“Señor presidente, gobernar no es perseguir ni encarcelar a quien piensa distinto, a quien protesta porque tiene hambre o quien perdió su fuente de trabajo en medio de la crisis”, remarcó en su carta.
Sin embargo, dentro de la carta no se menciona una posición respecto a los saqueos y destrozos que dejaron los marchistas tras su paso por la ciudad paceña.
Fuente: El País
