El debate de la norma económica se superpone con la “sugerencia” oficialista de ampliar el plazo del Estado de Excepción. El acuerdo del FMI también está en puertas. El transporte alista ampliado por combustible
Caprichosa coincidencia o carambola derivada. El debate de la Ley de Inversiones que este martes 11 de agosto según palabras del presidente Rodrigo Paz Pereira debía empezar en la Asamblea Legislativa Plurinacional ha coincidido con la aceleración del debate por la extensión del Estado de Excepción que los parlamentarios cercanos al presidente vienen promoviendo en diferentes foros.
El Estado de Excepción fue dictado el 20 de junio por 90 días, es decir, quedan 38. La simple promulgación del decreto derrumbó los bloqueos instalados desde el 1 de mayo por el occidente del país, particularmente en La Paz. Las Fuerzas Armadas se movilizaron y varios dirigentes fueron aprehendidos en el marco de este decreto, que instaló la normalidad en las carreteras.
En este tiempo se ha decidido políticamente la “flotación” del tipo de cambio con el dólar fijo en el 6,96 desde hace una década y media y que ahora ronda los 12 bolivianos, mientras siguen las filas por el combustible y se ha anunciado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional cuya aprobación se da por hecha, aunque se desconocen los detalles. A este ciclo de asuntos delicados se suma el texto de la Ley de Inversiones, que en principio se liberará este martes.
El 5503, el precedente
El texto, al cierre de esta edición, no había circulado entre las bancadas, pero se prevé tenga un tenor “inspirado” en lo contemplado en el Decreto Supremo 5503, que fue presentado en diciembre y abrogado unas semanas después por el rechazo popular.
El decreto contemplaba fórmulas “Fast Track” para autorizar inversiones incluso en sectores estratégicos protegidos en la Constitución y facilitaba las tramitaciones eludiendo informes ambientales y parlamentarios, entre otras cosas.
En principio se prevé que se reconozcan los tribunales de la OCDE para resolver diferendos, se creen salvaguardas legales locales y se incluyan incentivos para facilitar la inversión, como congelar o reducir impuestos y otras normativas.
Estos mecanismos suelen ser los habituales que se han incluido en leyes similares de países del entorno, aunque normalmente se vinculan a los compromisos de volumen de inversión real y creación de empleo.
Susceptibilidad
El decreto del Estado de Excepción restringe el derecho de reunión y manifestación, es decir, la protesta. En Bolivia se especuló sobre la posibilidad de utilizar su vigencia para acometer “empresas difíciles” como la aprehensión de Evo Morales. En cualquier caso, sí se está priorizando el tratamiento de algunos aspectos que pueden causar conmoción social. El acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que requiere aprobación parlamentaria y contemplará recortes y ajustes en el capítulo social, todavía es desconocido.
En ese contexto, mientras que diputados como Alejandro Reyes o Egidio Arce vienen promoviendo la ampliación del Estado de Excepción por otros 90 días, el presidente de la Brigada Parlamentaria de Tarija, Gabriel Corvera, rechazó políticamente esta posibilidad.
“¿Vamos a pasarnos los siguientes cinco años por rumores ampliando el Estado de Excepción? Un Estado de excepción es una reacción a un momento crítico, pero no puede convertirse en normalidad” – dijo Corvera al tiempo de instar al gobierno a ser más rápido y coordinar las acciones para poder gobernar sin miedo.
Transporte desafía con ampliado
Uno de los sectores que viene desafiando el Estado de Excepción es precisamente el del sector del Transporte, que vuelve a padecer de forma crítica la ausencia de combustible en el país y ha instado a soluciones inmediatas amenazando con movilizaciones: “El 10 de septiembre tenemos ampliado nacional y ahí decidiremos” señaló el dirigente de la Federación Departamental del Autotransporte tarijeño 15 de Abril, Gabriel Pérez.
El Transporte no secundó el paro de 50 días de mayo y junio, pero viene manifestando su malestar desde principios de año por la falta de combustibles y la mala calidad del mismo, que ha obligado a miles de transportistas a perder muchas jornadas de trabajo.
Fuente: El País
