La Paz concentra el debate económico tras la promulgación del Decreto Supremo 5776, normativa que modifica los límites máximos de las tasas de interés aplicables a nuevos créditos productivos en el sistema financiero —fijando topes de hasta el 17% anual para microempresas, 12% para pequeñas, 11,5% para medianas y 11% para grandes empresas— con el argumento oficial de incentivar una mayor colocación de financiamiento hacia unidades productivas con menores garantías. Mientras el Órgano Ejecutivo sostiene que un mayor margen puede ampliar el acceso crediticio, analistas económicos y representantes del sector productivo expresan preocupación por el posible impacto de un financiamiento más costoso sobre el capital de trabajo, la inversión y la estabilidad del empleo en un contexto de contracción económica prolongada, recordando que la norma rige únicamente para nuevas operaciones y encarga a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) el seguimiento de las tasas efectivas y la evolución de la cartera.
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