Los sentenciados deberán cumplir de cinco a ocho años de cárcel
El Juzgado de Sentencia Penal Nº 2 de Ivirgarzama (Cochabamba) condenó a seis exfuncionarios del gobierno de Jeanine Áñez por la paralización de la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo durante el año 2020.
Los condenados son el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora; el expresidente de YPFB Herland Javier Soliz; el exvicepresidente nacional de Operaciones de YPFB Jorge Roberto Blancourt; el exgerente de Industrialización de YPFB Oscar Alberto Boutier; el exdirector de la Planta de Amoniaco y Urea Carlos Manuel Segundo Vilar; y el excoordinador de la Planta de Amoniaco y Urea Ivert Fernando Oliva.
La Fiscalía, mediante un comunicado, informó que, en la audiencia de juicio oral, el Ministerio Público “demostró con pruebas suficientes que (los seis ahora sentenciados) son autores de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica”.
El director de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, Aldrin Barrientos, explicó que el exministro Zamora y el expresidente de Yacimientos deberán cumplir una pena de ocho años de prisión en el penal de Chonchocoro, en La Paz.
Mientras que Jorge Blancourt, Oscar Boutier y Carlos Manuel Segundo, también sentenciados a ocho años de cárcel, deberán cumplir su condena en el penal de El Abra, en Cochabamba.
Ivert Oliva también debe cumplir su condena en el penal de El Abra, pero por cinco años y cuatro meses.
La dirección funcional del caso estuvo a cargo de los fiscales anticorrupción de Cochabamba, Emeterio Ortega y Marcelo Villarroel, y según los antecedentes del Ministerio Público, la paralización o cancelación del reinicio de operaciones de la mencionada planta de urea se realizó “a solo anuncio de la realización de una auditoría por parte del Ministro de Hidrocarburos y Energía”.
Entonces, hubo una “determinación arbitraria, sin la debida justificación técnica y legal, que no solo ocasionó la falta de producción, comercialización y abastecimiento del producto, sino también el deterioro de los equipos, además existían contratos de comercialización de urea vigentes, así como requerimientos y ofertas de suscripción de contratos para la compra de urea, tanto para el mercado interno, así como para el mercado externo, generándose un daño económico millonario para el Estado”, señaló el fiscal Ortega.
EL DEBER
