La Contraloría General del Estado identificó la contratación de páginas web y espacios digitales sin actividad real ni acreditación suficiente para operar como medios de comunicación
La Contraloría General del Estado confirmó la existencia de irregularidades en 57 procesos de contratación de servicios de publicidad realizados por la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija (ALDT) durante la gestión 2023, que fue presidida por Alan Barca Herrera, el asambleísta disidente de Unidos. Se identificó la contratación de “medios fantasmas”, es decir, páginas web y espacios digitales sin actividad real ni acreditación suficiente para operar como medios de comunicación.
La información fue comunicada públicamente por el asambleísta Mauricio Lea Plaza, quien detalló que la entidad contralora concluyó su investigación y ratificó la presencia de múltiples anomalías en el manejo de recursos destinados a publicidad institucional.
Lea Plaza tuvo conocimiento de estas irregularidades en noviembre de 2023, y desde entonces envió ocho notas a Barca solicitando información sobre los procesos de contratación, la misma que le fue negada.
Ante esa situación, el asambleísta inició un proceso ante la Fiscalía Departamental, que tampoco dio curso. En abril de 2024 presentó un Amparo Constitucional solicitando la documentación requerida. Tuvo un fallo a su favor y el presidente de la ALDT se vio obligado a entregar la información.
Gracias a ello es que detecta las irregularidades en 57 procesos de contratación y en noviembre de 2023 oficializa una denuncia ante la Contraloría General del Estado.
“Este acto de fiscalización (…) si bien ha significado dos años en su procesamiento, ha concluido satisfactoriamente, confirmando los hechos irregulares e identificando a los funcionarios responsables de los mismos, para asumir las medidas legales correspondientes”, concluyó Lea Plaza.
Principales hallazgos de la Contraloría
Entre las observaciones establecidas por la Contraloría está: Ausencia total de un plan de medios, herramienta obligatoria para definir criterios de selección y distribución de recursos.
Falta de parámetros técnicos para determinar montos económicos asignados a cada proveedor.
Contratación de páginas y espacios digitales sin vigencia real, catalogados como medios inexistentes o inactivos.
Suscripción de contratos sin documentación idónea, lo que impedía corroborar la naturaleza y capacidad del supuesto medio.
Beneficios exclusivos a un medio televisivo de Yacuiba, sin justificación técnica.
Identificación de parentesco entre servidores públicos involucrados en los procesos de contratación y algunos de los medios beneficiados.
Incumplimiento del Decreto Supremo 181 y del Reglamento Específico de Contrataciones de la ALDT.
La Contraloría concluyó que estas irregularidades reflejan un manejo discrecional de recursos públicos durante el segundo semestre de 2023.
Responsabilidades y acciones en curso
Mediante nota oficial emitida el 18 de septiembre de 2025, la Contraloría comunicó que los antecedentes fueron remitidos al Presidente de la Asamblea para el inicio de procesos sumarios administrativos contra varios funcionarios presuntamente implicados.
Entre ellos, el expresidente de la ALDT, Alan Barca Herrera, Ginna Marly Tejerina Herrera, Pedro Ramón Alemán Sossa, Isabel Paredes Galeán, Claudia Chale Pérez y Patricia Zenteno Gareca.
Dependiendo de las evaluaciones internas y posteriores decisiones judiciales, estos procesos podrían derivar en responsabilidades administrativas y eventualmente penales.
Fuente: El País
