
El diputado del MAS acusado de extorsionar a mujeres a cambio de trabajo, negó estar involucrado en casos con menores de edad y que las «pruebas» serían falsas mientras no se haga un peritaje.
La jefa de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Senadores, Andrea Barrientos, este miércoles exigió la renuncia del presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, y pegó carteles en su oficina que decían: “en este edificio no se aceptan pedófilos”, en relación a su presencia en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El diputado del MAS no dimitirá al cargo.
“En este edificio no se aceptan pedófilos, violadores, golpeadores de mujeres y personas que deban asistencia familiar”, fue el mensaje escrito en los carteles pegados en la puerta de la oficina de Jáuregui, quien fue denunciado por ofrecer fuentes de trabajo a cambio de relaciones sexuales, e incluso pedir menores de 18 años con igual fin.
Barrientos calificó de inadmisible que una persona, en este caso un diputado, pida menores de 16 años para mantener relaciones sexuales y hoy esté en funciones en el primer Poder del Estado. Insistió que Jáuregui debe renunciar para que se defienda ante la justicia sobre un caso de presunto estupro y pedofilia.
“No vamos a tolerar que abusivos y extorsionadores trabajen en ese parlamento. Él tendrá que defenderse ante la justicia, tiene la presunción de inocencia, pero la mejor garantía de que ese proceso esté libre de injerencia política es que él renuncie a su cargo y que no trate de manipular la justicia por ninguna vía”, argumentó.
El abogado Lurwyn Ledezma denunció públicamente el lunes, en base a fotografías y un audio, – en el que presumiblemente Jauregui acuerda precios para tener relaciones con menores de edad –, que el diputado Jáuregui extorsionó a mujeres ofreciéndoles trabajo en ALP y otras instituciones del Estado, a cambio de presuntamente mantener relaciones sexuales.
El presunto hecho fue cuestionado por opositores y oficialistas porque las pruebas serían muy evidentes y el caso sería indefendible, exigieron la expulsión del parlamentario del edificio del Legislativo al tratarse de una cuestión moral.
En un primer contacto con el canal F10 de El Alto, Jauregui admitió que las fotografías, en el que se observa en paños menores, son de él, pero en comunicación con otros medios de difusión cambió de posición y sostuvo que todas las pruebas presentadas por el abogado Ledezma son montadas y engañosas mientras no se realice un peritaje.
En un audio presentado como prueba, se atribuye la voz al parlamentario en el que presuntamente negocia con una mujer el precio para hacer un trio con menores de edad, la interlocutora le dice que costaría Bs 600, pero el denunciado Bs 500. Según el opositor Alberto Astorga, ese audio es una prueba irrefutable porque la voz es idéntica al de su colega parlamentario del oficialismo.
“Evidentemente existe un audio donde presuntamente yo estuviese sosteniendo una conversación. No es mi voz, no es el audio y menos es el contexto de una conversación de esa naturaleza”, declaró Jáuregui.
El oficialista, señaló que toda evidencia debe ser sometido a un peritaje, mientras tanto, el audio y los mensajes de chat solamente son indicios, pero no son una prueba de un hecho que se habría consumado.