Los prestatarios celebran la medida como un triunfo de la presión social, mientras expertos en economía llaman a la cautela y al diseño de soluciones más sostenibles
La Cámara de Senadores sancionó este miércoles la Ley Excepcional de Diferimiento de Créditos y Suspensión de Embargos, una medida que busca dar respiro financiero a más de 1,4 millones de prestatarios en Bolivia, entre familias de clase media, microempresarios y beneficiarios de créditos de vivienda social. Sin embargo, economistas advierten que esta disposición, aunque popular, podría profundizar la crisis de liquidez en el sistema financiero y agravar la recesión económica que atraviesa el país.
La norma, identificada como Ley N° 547/2024-2025, fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Establece una serie de beneficios específicos: la suspensión temporal de embargos y ejecuciones judiciales por créditos de vivienda social, el diferimiento de pagos para prestatarios del mismo sector, y una vigencia de seis meses a partir de su promulgación. Su alcance será nacional, aunque solo aplicará a quienes cumplan con los requisitos de elegibilidad.
Un respiro que genera alivio
Para muchos bolivianos, la aprobación de esta ley representa un respiro momentáneo en medio de una economía debilitada por el desempleo, la inflación y la falta de circulante.
El representante de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe de Tarija, Javier Carrasco, aseguró que la medida “traerá tranquilidad” a miles de familias que viven con el temor constante de perder sus viviendas por deudas impagas.
“Esta ley va a dar un poco de oxígeno. Por ahora no tendremos problemas con embargos o remates de casas, pero hay que ser claros: esto solo posterga lo que tarde o temprano va a llegar”, expresó.
El dirigente explicó que el principal desafío no radica en aplazar los pagos, sino en cómo enfrentar las obligaciones una vez que concluya el periodo de diferimiento.
“Si la economía del país no mejora, ¿cómo vamos a pagar después? Los bancos van a querer ejecutar con más fuerza. Necesitamos soluciones estructurales, no parches temporales”, añadió.
Carrasco pidió al nuevo gobierno analizar la situación de fondo y replantear la política crediticia, sugiriendo que las entidades financieras cobren de acuerdo con la capacidad económica real de los prestatarios.
“Estamos dispuestos a pagar, pero muchas veces los ingresos no alcanzan para cubrir los montos comprometidos al inicio del crédito”, afirmó.
Los riesgos detrás del alivio
Desde otra perspectiva, el analista económico Fernando Romero considera que la norma, pese a su intención social, podría tener efectos contraproducentes en la estabilidad económica del país.
Romero explicó que el diferimiento impactará sobre alrededor del 70% del sistema financiero nacional, lo que equivale a más de 1,8 millones de prestatarios, reduciendo la disponibilidad de capital y frenando la circulación de dinero en la economía.
“Estamos en un contexto de recesión. La economía necesita inyección de liquidez, tanto interna como externa. Un diferimiento masivo corta ese flujo de recursos y puede afectar la capacidad de los bancos para seguir prestando”, advirtió.
El economista sostuvo que si bien los prestatarios obtendrán un alivio temporal, otros sectores —como los emprendedores y microempresarios— podrían verse perjudicados, ya que la suspensión de cobros y embargos restringirá la capacidad crediticia de las entidades financieras.
“Esto puede traducirse en menos créditos disponibles o en préstamos más caros”, mencionó Romero a tiempo de advertir que esto no afectará tanto a los bancos grandes, sino a los que trabajan con microfinanzas.
El analista añadió que, más allá de su impacto económico, la medida tiene un componente político evidente, en un contexto preelectoral donde el alivio financiero resulta una bandera sensible para la población.
Manifestó que antes de aplicarse esta norma, debía haberse realizado un estudio de mora y la normativa recién beneficiar a quien realmente esté en una situación complicada financieramente, y no un beneficio general.
Sobre el pedido de los prestatarios de “una solución definitiva” al nuevo gobierno, Romero advirtió que esto suena a que más adelante van a presionar por la condonación de capital e intereses, que no es lo correcto.
Manifestó que este tipo de políticas gubernamentales violan la actividad y derecho privado, lo que no es bien visto para los ahorristas que tienen su dinero en bolivianos. Agregó, que nada garantiza que la economía en los siguientes seis meses vaya a mejorar y los prestatarios tengan mayor posibilidad de cumplir con sus obligaciones financieras.
La ley protege a prestatarios de acciones judiciales
El primer parágrafo del artículo 2 de la Ley Excepcional de Diferimiento de Créditos y Suspensión de Embargos establece medidas de protección, para los prestatarios que se encuentren con acciones judiciales por cobro de dinero emergente de créditos de vivienda de interés social otorgados por las entidades de intermediación financiera, se dispone que por el plazo de seis meses, computables a partir de la publicación.
Además, quedan suspendidos en todo el territorio nacional las órdenes judiciales de embargo así como la ejecución de sentencias, remates y desapoderamientos y otras medidas judiciales que puedan afectar o recaer sobre los bienes objeto de garantía”.
Fuente: El País
