Este miércoles se cumplió una semana desde que salió a la luz la orden de aprehensión contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Ludwig Dorgathen Tapia, sin que la misma haya sido ejecutada o se conozca su paradero. Sin embargo, la investigación por presunto contrabando de exportación avanza con la citación de nuevos testigos en Santa Cruz.
La comisión de fiscales de Yacuiba previamente este martes tomó la declaración de las máximas autoridades de la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en La Paz.
Proceso
La denuncia fue formalizada por el ex administrador de la Aduana de Frontera en Yacuiba, Rodrigo Acuña, y el ex técnico de Gestión Aduanera, Jesús Vargas, contra el jefe de la estatal petrolera por supuestas irregularidades en la exportación de gas de Argentina a Brasil con un daño cuantificado en unos 14 millones de dólares.
El fiscal de materia Anticorrupción de Yacuiba, Américo Plata, encabeza la comisión a cargo que este miércoles llegó a YPFB Santa Cruz. Aunque se especulaba sobre un posible allanamiento, aclaró que se trataba de una diligencia de notificación a nuevos testigos.
La lista incluye al encargado de Contratos de Gas Natural, Oscar Claros Dulón, y otros funcionarios del área de Contratos y Comercio Exterior, que deberán presentarse al asiento fiscal de Yacuiba.
Plata explicó que el proceso se encuentra en etapa preliminar, es decir que aún no hay una imputación.
“La orden de aprehensión está vigente, a la espera de que la Policía pueda ejecutar la misma”, añadió.
El presidente de YPFB fue visto públicamente por última vez el martes anterior cuando anunció ante un “bache” en el abastecimiento de carburantes. Duraría tres días, pero aún persiste. La Policía aún no dio con él y en su oficina solo trascendió que tiene baja médica.
La misma comisión fiscal este martes estuvo en La Paz para tomar la declaración a la presidenta de la Aduana, Karina Serrudo, y al director ejecutivo de la ANH, Joel Callau, quienes entregaron documentación y niegan cualquier irregularidad. Incluso atribuyen la denuncia a una venganza de parte de los ex funcionarios tras haber sido despedidos.
Fuente: El País
