El exasambleísta departamental, Abel Guzmán, advierte que muchas de estas obras ejecutadas por el Gobierno se han impulsado sin estudios técnicos, ni conexión con la demanda productiva de cada región
El Gobierno central impulsa en Tarija la construcción de siete plantas procesadoras como parte de su política de industrialización para la sustitución de importaciones. Sin embargo, voces advierten que muchos de estos proyectos fueron ejecutados sin una planificación técnica y productiva adecuada, lo que pone en duda su sostenibilidad para transformar la economía departamental.
El sector campesino las ve como una oportunidad para despegar la economía en las provincias. Mientras que las alcaldías, que tendrán a su cargo el manejo de esas infraestructuras, esperan una norma que deje claramente establecido cómo será la administración de estas plantas industriales.
Siete plantas, 89 millones de inversión
La construcción de estas plantas, en su mayoría están a cargo del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), a través del Fondo Concursable de Público Productivo (FOCIPP). Según el director del FPS en Tarija, Marcos Sánchez, los siete proyectos en ejecución suman una inversión de 89 millones de bolivianos y generan más de 200 empleos, entre directos e indirectos.
Los proyectos son diversos y abarcan diferentes regiones del departamento. Algunos ya están terminados y otros aún en fase de construcción. Entre ellos destacan, la Planta Extractora de Aceite Esencial de Manzanilla en San Lorenzo, inaugurada en enero de 2025.
La Planta Industrializadora de Membrillo en Tojo, municipio de Yunchará, recientemente entregada; la Planta Procesadora de Ajo y Cebolla en El Puente, con una inversión de Bs 21 millones y una capacidad de procesamiento de 1.200 toneladas anuales; la Planta de Alimentos Balanceados en San Lorenzo, próxima a inaugurarse; la Planta de Industrialización de Durazno en Tomayapo, con un 60% de avance.
A esta lista, se suma la Planta de Procesamiento de Alimentos en Bermejo, cuya entrega está prevista para octubre; la Planta de Cerámicos en Padcaya, que producirá ladrillos y tejas, con 22 millones de inversión y entrega programada para diciembre.
“En resumen, de las siete plantas que se están construyendo dentro del departamento, una ya está con entrega definitiva, una con entrega provisional, tres con ejecución normal y dos que presentan cierto rezago en la ejecución misma del proyecto”, mencionó.
Advierten falta de planificación
Pese al millonario despliegue, se ha puesto en duda la viabilidad de estas factorías. El exasambleísta departamental Abel Guzmán, del Movimiento al Socialismo (MAS) y actual candidato con Andrónico Rodríguez, advirtió que muchas de estas obras se han impulsado sin estudios técnicos, ni conexión real con la demanda productiva de cada región.
Recordó que casos anteriores, como la planta procesadora de cítricos en Bermejo, fracasaron precisamente por la falta de visión estratégica. Dejó entrever que de nada sirve construir una planta si no hay producción suficiente para abastecerla o mercados que absorban sus productos.
Guzmán también advirtió sobre posibles hechos de corrupción vinculados al proceso de licitación.
“Si bien rescatamos la gestión, la visión que tal vez algunos han tenido, lo han hecho a título de sacar los diezmos, tratar de hacer obras que no han sido tan elementales en su momento, sin considerar temas urgentes, como el agua”, expuso.
Apuntó que esta situación ha sucedido en varios municipios y el problema en común que ha identificado, es que no se ha planificado la planta, es decir, que no hubo un estudio previo que analice la capacidad de abastecimiento de materia prima, volúmenes de producción y el mercado al que se pueda ofertar.
Ahora que están cerca las elecciones, Guzmán recomendó no dejarse guiar por los discursos, sino por las propuestas reales. “Ahora no tenemos plata, hay obras que están botadas. Yo pienso que inclusive se deberían iniciar acciones legales contra quienes han hecho daño”, señaló el exasambleísta.
Asimismo, mencionó que ahora las nuevas autoridades deben tener la responsabilidad de planificar para que los pocos recursos económicos que se tienen sean bien invertidos y no sean despilfarrados como se lo hizo en la época de bonanza.
Pese a las críticas, la apuesta por la industrialización es vista por el sector campesino como una oportunidad necesaria para el despegue económico de Tarija, una región históricamente dependiente de los hidrocarburos.
Las alcaldías esperan norma sobre manejo de las plantas
Aunque el Gobierno ha anunciado la posibilidad que estas plantas procesadoras sean administradas por los gobiernos municipales, desde la Asociación de Municipios de Tarija (AMT) aún no tienen información clara al respecto.
La directora ejecutiva de la AMT, Gabriela Vilca, refirió que no se sabe si será el sector público quien se hará cargo o será una administración público-privada. En ese contexto, refirió que actualmente cursa una normativa al respecto en la Cámara de Senadores.
Vilca evitó entrar en polémica sobre las críticas que han surgido. Sin embargo, enfatizó que estas plantas procesadoras ayudarán a que los municipios puedan generar movimiento económico.
Fuente: El País
