El ente matriz de los trabajadores unifica su pliego de incremento del 20% con el rechazo a la «mercantilización de la tierra», elevando la temperatura social previa al Día del Trabajador. El Gobierno cuestiona su representatividad
A pocos días de conmemorarse el Día del Trabajador, el debate sobre el incremento salarial en Bolivia se intensifica y expone visiones contrapuestas entre el Gobierno, la Central Obrera Boliviana (COB) y actores políticos, en un contexto marcado por la fragilidad económica y la presión social.
La demanda de la COB surge en un momento complejo en la economía nacional, caracterizado por el encarecimiento de la canasta básica y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Sin embargo, la magnitud del incremento solicitado ha sido puesta en duda por distintos sectores, que advierten riesgos para la sostenibilidad económica.
La postura del Gobierno
Desde el Gobierno, el presidente Rodrigo Paz ha cuestionado no solo el porcentaje planteado, sino también el enfoque del debate. Durante sus intervenciones públicas, el mandatario sostuvo que el país atraviesa una situación heredada de una gestión económica debilitada, marcada —según dijo— por promesas incumplidas en torno a la renta gasífera, que prometía “un mar de gas”, pero que ahora no existe y en su momento ninguna organización social reclamó al anterior gobierno.
En esa línea, Paz planteó que la discusión no debería limitarse a un pliego petitorio, sino ampliarse hacia un plan integral de reactivación económica. “El camino adecuado es generar empleo, industria y abaratar lo formal”, afirmó, subrayando que el desafío es ampliar la base del empleo formal en el país.
El presidente también puso en tela de juicio la representatividad de la COB, al señalar que el sector formal —al que representa— abarca a menos del 15% de la población económicamente activa, pero que el 85% son gremiales, transportistas, cuentapropistas, campesinos y no son parte de una organización fabril.
La respuesta sindical
Desde la dirigencia de la COB, la postura se mantiene firme. Su ejecutivo, Mario Argollo, condicionó el diálogo con el Gobierno a la abrogación de la Ley 157, norma que ha generado rechazo en distintos sectores sociales y que ahora se entrelaza con la discusión salarial.
Argollo advirtió que, de no atenderse esta demanda, el diálogo podría suspenderse, lo que eleva el tono del conflicto. Además, confirmó el respaldo de la COB a movilizaciones contra dicha ley, a la que califican como perjudicial para los sectores campesinos.
El dirigente también cuestionó la falta de socialización de la norma y sostuvo que existe un malestar creciente en organizaciones sociales que se sienten afectadas. En ese contexto, el incremento salarial se convierte en un elemento más dentro de una agenda de demandas más amplia.
Una mirada desde Tarija
A nivel regional, la propuesta de la COB también ha generado reparos. Desde la Brigada Parlamentaria de Tarija, su presidente Gabriel Corvera consideró que el incremento del 20% carece de sustento técnico en el actual contexto económico.
Si bien reconoció que existe una presión inflacionaria sobre los hogares, Corvera advirtió que cualquier ajuste salarial debe responder a criterios de equilibrio y sostenibilidad. “¿Es necesaria una ampliación de los salarios? Muy probablemente, pero en el monto en el que pide la COB, eso sí se discrepa”, señaló.
El legislador remarcó que el país enfrenta limitaciones fiscales que dificultan asumir incrementos elevados sin generar efectos adversos. Asimismo, insistió en que el debate debe abordarse con “cordura y racionalidad”, evitando decisiones que puedan profundizar la crisis.
Empresarios rechazan el incremento salarial
Desde la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), con anterioridad ya rechazaron el pedido de la Central Obrera Boliviana (COB) de un aumento salarial del 20% al haber básico y mínimo nacional, calificándolo de «inviable», «ilegal» e «inaceptable».
Argumentan que el contexto económico adverso provoca cierre de empresas, desempleo e inflación. Advierten que el aumento es imposible de asumir en el contexto económico actual, que incluye proyecciones de contracción económica.
Micro y pequeños empresarios alertan que un ajuste de tal magnitud provocaría el cierre de hasta un 50% de las pequeñas unidades productivas y mayor informalidad. Señalan que la determinación del salario debe ser fruto de la negociación directa y no una imposición unilateral, contradiciendo normas vigentes.
El empresariado también hace mención que el alza sin sustento productivo genera presiones inflacionarias y reduce el poder adquisitivo real.
Mientras, el sector gremial y productivo propone «apretarse los cinturones», congelar salarios y enfocarse en producir para superar la crisis, en lugar de incrementar costos.
Fuente: El País
