Sectores sociales y populares advierten que el precio de Bs 18 afectará a la cadena productiva y subirá precios de la canasta. Mientras, se analizan efectos de dejar la comercialización en manos privadas
En medio de los escándalos concatenados que han tenido en ascuas al gobierno en las dos últimas semanas y que se han saldado con las caídas respectivas del asesor principal Fernando Cerimedo y del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, la sociedad civil y el tejido productivo empieza a sumar fuerzas para exigir la abrogación del decreto 5676, que desde el lunes 10 de agosto determinó un precio de 18 bolivianos el litro de diésel para los Grandes Contribuyentes (Graco) y los usuarios directos, es decir, aquellos que reciben en sus instalaciones grandes cantidades de combustible para utilizarlos en sus actividades, como por ejemplo las mineras o las grandes agroindustrias y algunas empresas de transporte.
El último en sumarse ha sido el sector gremial según ha explicado el ejecutivo nacional de la Confederación de Gremiales Bolivianos, César González.
“Este ampliado de emergencia que ha estado participando, compañeros de diferentes sectores productivos, agropecuarios, importadores, exportadores, mineros cooperativistas, cuentapropistas y gremialistas, ha determinado exigir la abrogación del Decreto Supremo 5676”, manifestó el dirigente.
El paso de los gremiales es revelador en tanto que convierte la protesta en un asunto nacional, trascendiendo lo sectorial. Es decir, el reclamo sale de los propios perjudicados por su impacto directo, es decir, los grandes consumidores de combustibles del país, y se instala entre las organizaciones más cercanas al ciudadano por lo que consideran una certeza: que la canasta familiar se va a encarecer en todos sus eslabones”.
“Ya se tiene problemas para pagar alquileres, comprar medicamentos, el tema de lo que son material escolar, las amas de casa están sufriendo, y en sí toda la población boliviana. En ese entendido, la cadena productiva de Cochabamba se encuentra en estado de emergencia”, declaró González.
El reclamo sectorial
El reclamo de los grandes productores lo lidera la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) sobre un argumento cierto que el gobierno aun no ha acabado de explicar. El rechazo de la CAO se centra en el hecho de que haya dos precios diferenciados en el mercado, es decir, uno para los grandes productores y otro para los ciudadanos de a pie.
El presidente de la entidad, Klaus Frerking, que ya hizo notar los retrasos en el campo por la falta de provisión regular, lo que tendrá consecuencias en la próxima cosecha – con su consiguiente liquidación de dólares, aunque no es ni mucho menos automática – señala que esta distinción sigue alimentando el contrabando y que, por lo tanto, es inocua a uno de los problemas principales.
La “solución privada”
Hace dos semanas, el comité cívico de Santa Cruz donde la CAO juega un rol relevante y el Gobernador de Santa Cruz anunciaron un plan para implementar su propia agencia e importar combustible para satisfacer las necesidades. En el pliego se instaba, en cualquier caso, a fomentar la participación privada en el aspecto de la distribución y comercialización, algo que el Gobierno también comparte, a pesar de que las diferentes normativas impulsadas en ese sentido no han dado resultados.
El economista Gonzalo Colque advirtió de un detalle extra que no se acaba de tomar en cuenta en la propuesta de la privatización del servicio de importación y comercialización es precisamente el de la disponibilidad de dólares. Se estima que se necesitan unos 300 millones de dólares mensuales para importar el combustible que se requiere en el país, pero apenas existe esa cantidad disponible en las Reservas Internacionales. Colque advirtió que si el privado debe acudir al mercado de divisas a proveerse de dólares para el negocio, el precio de la unidad estadounidense subirá en el país, como ya sucedió en la parte final de la gestión de Luis Arce.
El otro problema tiene que ver con la satisfacción completa del mercado y la forma en la que se calcularán los precios. Importar por debajo de las necesidades elevaría precios y podría dejar desabastecidos a mercados rurales o de difícil acceso. Diferentes municipios rurales ya han advertido que se debe garantizar una solución en ese sentido en el caso de liberar los precios y sacar al Estado de la cadena de distribución.
En este sentido, también cabe señalar que en la mayoría de los países el precio del combustible lo regula el mercado internacional y que los gobiernos toman diferentes medidas para proteger a sus productores precisamente para no afectar la canasta familiar. En Bolivia la medida ha ido en sentido contrario, en parte porque los salarios siguen congelados.
Paz pide “no bloquear” para desarrollar el país
El presidente Rodrigo Paz reapareció el lunes en el acto del “Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo – Fase II”, que esencialmente se traducirá en losetas para la ciudad de El Alto dotado con casi 100 millones de dólares.
El presidente no habló del conflicto concreto, pero aseveró que en el ejecutivo “se toman medidas duras” para avanzar en el desarrollo del país, haciendo referencia a la herencia recibida. En ese contexto, y a pesar de que quedan aún más de 20 días hasta que se levante el Estado de Excepción, pidió “no bloquear” para no perjudicar al país.
Fuente: El País
